El proyecto de ley, aprobado por unanimidad tras una campaña de dos años en la que han participado líderes indígenas y legisladores, da prioridad a la prevención, la educación y la participación de la comunidad. Ahora queda pendiente de la aprobación presidencial para entrar en vigor.

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Los defensores de la ley esperan que esta inspire medidas similares en toda la región, donde Colombia es el único país con casos documentados de esta práctica. Los activistas afirman que el énfasis de la ley en el diálogo cultural y la sensibilización, junto con una recopilación de datos más rigurosa y medidas de política pública, podría ayudar a las comunidades a avanzar hacia la erradicación de la mutilación genital femenina, respetando al mismo tiempo las voces indígenas.