Según un comunicado conjunto de la Presidencia y del Ministerio del Interior, 37 de los 38 ciudadanos marroquíes que entraron ilegalmente en Portugal el 8 de agosto fueron liberados del Centro de Instalación Temporal (CIT) donde se encontraban detenidos.

Según la misma fuente, tras abandonar el CIT y dada la suspensión de sus recursos o solicitudes de asistencia en el proceso de asilo, los ciudadanos extranjeros son alojados por la Seguridad Social.

La legislación portuguesa vigente establece un periodo máximo de detención de 60 días en el CIT y, transcurrido ese plazo, el Estado está obligado a poner en libertad a las personas, aunque el proceso de expulsión siga en curso.

"Durante este período, dos de los ciudadanos aceptaron el abandono voluntario, y uno de ellos se retiró antes de su aplicación. El resto de ciudadanos han recurrido a las medidas dilatorias previstas en la legislación vigente para retrasar su traslado forzoso", subraya el Gobierno en el comunicado.

"Para ello, presentaron solicitudes de asilo o protección internacional, interpusieron recursos judiciales con efectos suspensivos y no presentaron documentación (lo que dificulta la aceptación de su retorno en su país de origen)", añade.

"Limitaciones"

El Gobierno subrayó que las autoridades judiciales y administrativas, la PSP (Policía de Seguridad Pública) y la Agencia de Integración, Migración y Asilo(AIMA), actuaron "con toda la celeridad posible, pero dentro de las limitaciones impuestas por la legalidad vigente, incluso en la detención y denegación de las solicitudes de asilo".

En concreto, AIMA abrió los procesos de expulsión del territorio nacional "en los días inmediatamente posteriores a su presentación ante un juez, y rechazó las solicitudes de asilo en menos de siete días."

El gobierno también destacó, en el comunicado, que ha advertido durante el último año sobre "la falta objetiva de condiciones jurídicas, materiales y organizativas para la ejecución rápida y eficaz de las expulsiones forzosas en Portugal."

El gobierno identificó tres "cuellos de botella para la rapidez de las expulsiones", destacando que con la supresión del SEF (Servicio de Extranjeros y Fronteras), la tarea del retorno fue asignada a la AIMA y la falta de capacidad del CIT.

Otro problema identificado por el gobierno es "el actual marco legal para el retorno en Portugal que induce y permite retrasos significativos en el proceso, con plazos excesivamente largos, duplicación de fases procesales y recursos administrativos y judiciales que pueden ser utilizados como medidas dilatorias".

La Presidencia y la Administración Interna también destacaron que el Gobierno ha estado trabajando para resolver los cuellos de botella, explicando que la autoridad para el retorno ya ha sido transferida legalmente de la AIMA a la Unidad Nacional de Extranjeros y Fronteras (UNEF) de la PSP.

Este cambio se produjo en verano de este año "porque el primer intento a finales de 2024 fue derrotado en el Parlamento, con los votos de los dos mayores partidos de la oposición."

Nuevos centros

El Gobierno también ha destacado que ya ha aprobado la financiación para la construcción de dos nuevos CIT, en las regiones de Lisboa y Oporto, cuya puesta en marcha corre ahora a cargo del PSP y que permitirán contar con 300 plazas adicionales a las 85 existentes en la actualidad.

"El primer intento legislativo del Gobierno para acelerar el régimen de expulsión de inmigrantes ilegales también fue rechazado por el Parlamento a finales de 2024, de nuevo, con los votos de los dos mayores partidos de la oposición", señala además.

El nuevo proyecto de ley de revisión del régimen de devolución anunciado por el Gobierno, para agilizar plazos, reducir fases administrativas y dilatar trámites, se presentará en octubre, garantiza también el Ministerio.