Esta legislación, aprobada por el PSD, el CDS-PP, el PPM y Chega, se enfrentó a las críticas de la oposición por limitar la competencia y retrasar la inversión privada.

Los diputados del PS, BE, IL y PAN expresaron su preocupación por los posibles conflictos de intereses, la restricción de la entrada en el mercado y la insuficiente atención prestada al almacenamiento de energía, citando riesgos para los consumidores y la seguridad energética regional.