Según la información facilitada a Lusa por la Dirección Nacional de la PSP, las solicitudes de asilo presentadas por los 33 migrantes serán evaluadas por la Agencia de Integración, Migración y Asilo(AIMA), y "el proceso de expulsión forzosa queda suspendido" hasta que se tome una decisión.

El 9 de agosto, el juez de guardia del Tribunal de Silves ordenó la expulsión forzosa y el traslado de los migrantes a centros de acogida temporal. Si los migrantes no manifiestan su intención de regresar voluntariamente, la expulsión forzosa tiene un plazo legal de 60 días.

Hasta la fecha, además de las 33 solicitudes de asilo, "ninguno [de los migrantes] ha manifestado su deseo de regresar a su país de origen", explicó la PSP. En caso de retorno voluntario, el plazo puede ser de hasta 20 días, y ya ha finalizado.

En la información enviada a Lusa, la PSP también afirmó que "sólo cuatro de los 38 ciudadanos tenían o presentaron posteriormente algún documento de identificación" y que el proceso de identificación sigue en curso en la Embajada del Reino de Marruecos en Portugal, pero que, "teniendo en cuenta sus propias declaraciones, todo apunta a que todos ellos son de nacionalidad marroquí".

El grupo de 38 personas -compuesto por 25 hombres, seis mujeres y siete menores- llegó a la playa de Boca do Rio, en la parroquia de Burgau, en el municipio de Vila do Bispo, en una embarcación de madera a las 20:05 horas del 8 de agosto.

Hasta su traslado a centros de alojamiento temporal y similares, los migrantes, algunos de los cuales estaban hospitalizados, fueron alojados en un pabellón deportivo de Sagres facilitado por el Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Vila do Bispo.

Según la información facilitada en su momento por el PSP, 14 personas fueron colocadas después en el Centro de Alojamiento Temporal de Oporto (Unidad de Vivienda de Santo António), 15 en el Centro de Alojamiento Temporal (EECIT) de Faro y nueve en el EECIT de Oporto.

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