"Pedimos que se celebre ahora, de nuevo, un gran debate para que se tomen medidas rápidas que impidan que esta situación se repita el próximo verano", subrayó Luísa Salgueiro, presidenta de la Asociación Nacional de Municipios Portugueses(ANMP).

A la salida de una reunión de la junta directiva, la presidenta de la ANMP explicó a la agencia de noticias Lusa que, durante la mañana, se realizó un análisis de "la dimensión catastrófica" y de "los puntos críticos" de los incendios rurales de este año, y se redactó un documento para enviar al Gobierno.

"Estamos haciendo un seguimiento de las medidas tomadas por el Gobierno para dar respuesta a lo sucedido, pero seguimos insistiendo en la importancia de tomar otras medidas relacionadas con la necesidad imperiosa de revisar los certificados de peligrosidad y reforzar las competencias de los ayuntamientos para que puedan dar otro tipo de respuestas que actualmente están prohibidas".

Entre las propuestas que se enviarán al Gobierno figura la dotación de recursos económicos para abordar políticas de silvicultura preventiva, vigilancia y disuasión, incluida la movilización de las Fuerzas Armadas en periodos críticos.

"Necesitamos invertir en la red primaria de cortafuegos y en la aceleración del proceso de registro de la propiedad rural. Aunque el BUPI [Ventanilla Única de Edificación] esté operativo, todavía tenemos una gran parte de tierras sin identificar", afirmó.

También dijo a la agencia de noticias Lusa que es necesario considerar la red de mando en el área de protección civil, que "ha demostrado no responder eficazmente".

"También insistimos en la importancia de valorar el trabajo y la condición de los bomberos, de los bomberos voluntarios, que nunca reciben la atención debida. Vemos que, en las situaciones más difíciles, son ellos los que están en primera línea, siempre con el apoyo de los ayuntamientos, que sustituyen al ministerio, proporcionando equipos, formación y reformas de edificios", afirmó.

El documento, que se presentará al gobierno, sugiere también la universalización de la videovigilancia en las zonas de alto riesgo.